Contemplando la lluvia desde la ventana de la oficina del Gobierno de la Ciudad de Kobe, donde trabajo los días jueves haciendo traducciones al español y al portugués, mientras traducía una nueva legislación acerca la disposición de residuos hogareños recibí la noticia de la absolución de los policías imputados y detenidos por la tortura seguida de muerte de quien en vida fuera uno de mis primo, Gastón Damián Duffau.

La noticia me encontró teniendo que traducir precisamente el apartado que prevé pena de prisión de hasta cinco años y multas de hasta 100 mil dólares por disponer ilegalmente de la basura hogareña y alienta a los vecinos a comunicar y denunciar en la policía cuando verificaren estos hechos por parte de sus vecinos.

En el país más seguro del mundo, se puede ir preso por sacar ilegalmente la basura, pero, en nuestra querida Argentina, la vida y muerte de las personas no vale siquiera un paquete de residuos hogareños.

Si un funcionario público tortura y mata a alguien, en Japón, se aplica la pena de muerte luego de un juicio oral y público.
En la Argentina, con mucha suerte se logra llegar hasta donde se llegó con el juicio de Gastón.

En un país con un muerto diario a manos de las fuerzas de seguridad y policiales, pero sin precedentes de condenas por torturas seguidas de muertes desde la vuelta a la democracias, me gustaría compartir con ustedes estas líneas de mi autoría.

EL DIA QUE LEGALIZARON LA PENA DE MUERTE EN LA ARGENTINA.

Si alguien se pregunta cómo es posible que alguien sea detenido un sábado a la noche en un local de comidas rápidas del conurbano bonaerense y:

- ser torturado en el pavimento de la Comisaría 2da. de Ramos Mejía la vista de todos,
- ser asfixiado mientras es trasladado desvanecido en caja de una camioneta de la policía con cinco efectivos encima,
- llegar sin vida, atado de pies y manos, a la Guardia del Hospital de Ramos Mejía,
-explicar el “deceso” con una pericia falsa donde dice que la muerto ya estaba semi-muerto desde hacía cinco días atrás por un accidente de tránsito,
- lograr que una segunda pericia establezca más de 80 politraumatismos en todo el cuerpo, los cuales, junto con una asfixia mecánica externa provocaron la muerte,
- a partir de la investigación se dicta la prisión preventiva de seis efectivos policiales,
- uno de los detenidos no llega a hablar con el Juez de la causa porque se “suicida” dentro de su celda con una “sábana”,
- el Poder Político decide mantener en sus cargos al jefe de la comisaría y al jefe de la departamental a pesar de estos hechos
- que un Tribunal Oral en lo Criminal de La Matanza disponga la absolución de los policías implicados “por duda”.

La respuesta es muy simple, ese mismo día, aunque no lo veamos desde hace algún tiempo se legalizó la pena de muerte “de facto” en la Argentina.

Algunos indicadores dan cuenta de esto:
Si el poder político no tiene interés en controlar a la policía y la deja librada a su “autogestión”.
Si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo dedican más tiempo a pensar en bajar la edad de inimputabilidad que en bajar la tasa de delincuencia.
Si el Ministerio Público Fiscal tiene entre sus Fiscales a funcionarios que se rasgan las vestiduras pero encubren el accionar de los policías-criminales.
Si la ciudadanía prefiere seguir sorda a los reclamos de justicia y víctima del “mientras a mí no me pase, no te metás.”
Si las estimaciones de organizaciones de derechos humanos dan cuenta de un muerto por día en hechos donde la policía se halla extrañamente vinculada.
Si en casi todos los hechos más aberrantes de muertes y secuestros extorsivos aparece siempre algún miembro de las fuerzas de seguridad implicado.

Tan sólo queda concluir una sola cosa: la Argentina ha legalizado no sólo que las fuerzas de seguridad sean impunes para delinquir sino también puedan decidir sobre la vida o muerte de los ciudadanos.

Mal que a muchos nos pese, en nuestro país, la democracia es una ficción electoral que no se refleja en el respeto ni de los derechos civiles y políticos ni en las garantías que deberíamos gozar acorde a nuestra Constitución y los Tratados Internacionales que la componen.

En nuestro país mientras la policía es corrupta y autogestionada, te secuestra o colabora con los que lo hacen, te extorsiona, te tortura y te mata, nuestros políticos, jueces y fiscales garantizan con su connivencia y complicidad la impunidad policial-criminal, mientras que la sociedad civil discute sobre la baja en la edad de inimputabilidad.

A través de dejar que la gente se muera drogándose, en accidentes de tránsito por borrachos sin control al volante, por enfermedades prevenibles –como el dengue-, o por el hambre y la malnutrición estamos condenando a muerte “ilegal” e “indirectamente” y por “omisión” a nuestra propia gente.

Pero, es mucho peor ponernos a pensar que si el propio Estado deja que sus dependientes actúen decidiendo sobre la muerte de aquellos a quienes tendrían que rendirles cuentas y respetar, es que la pena de muerte se está aplicando en la Argentina de forma “directa”.

En los setenta, mucha gente hizo la “vista gorda” porque los secuestrados y muertos por el estado de “facto” “pensaban diferente”. Luego, se trató de justificar la eugenesia policial argumentando que los muertos eran delicuentes drogadictos. Pero, desde hace algunos años, la muerte está también desangrando a la clase media y persiguiendo a quienes ostentan sus vehículos y acechando a aquellos que viven en los countries.

Al parecer, tan sólo nos importa saber el “por qué lo mataron” para así satisfacer nuestra auto-justificación social mentirosa de “por algo será que le pasó eso...”

La verdad es que ya es tarde, y que la muerte, de alguna u otra forma, nos está tocando la puerta a todos.

Quién no tiene algún conocido, amigo, familiar o compañero del colegio o del trabajo que haya sido víctima de algún delito donde intervino la violencia física o el uso de armas. Quién no escuchó a la gente consolar a la víctima diciéndole “por lo menos, dá gracias que no te mataron...”

Ya es hora de despertarnos antes que golpeen a nuestra puerta. Entre todos, digamos NUNCA MÁS a este MIEDO con el que nos han venido acostumbrando a vivir durante décadas.


Atentamente,
Mathías E. Valdez Duffau, D.N.I. 26.363.739.